El 30 de enero de 1649, en un acto sin precedentes, el rey de Inglaterra Carlos I Estuardo era conducido al patíbulo y decapitado. Su ejecución daba cumplimiento a la sentencia dictada días antes por un tribunal formado específicamente para juzgar al monarca y que había declarado al mismo culpable de alta traición y lo había condenado a ser ejecutado.

Con ello se ponía fin a varios años de enfrentamiento entre el rey coronado del país y su parlamento y a dos cruentas guerras civiles que habían asolado las islas británicas primero entre 1642 y 1646 y después en 1648. Las diferencias y las luchas de poder entre los reyes ingleses y sus súbditos no eran nuevas y habían sido una constante desde los tiempos de Juan sin Tierra que se vio obligado a otorgar una serie de derechos al pueblo inglés en el documento conocido como Magna Carta ya en 1215.

Pero Carlos I Estuardo había sobrepasado con creces todos los límites con sus altaneros modales y su desprecio hacia un parlamento al que convocaba y desconvocaba a su antojo en función de sus necesidades económicas y sus discrepancias políticas.  Además se había enfrentado a un parlamento mucho más fuerte que cualquiera de sus predecesores, que había llegado a crear su propio ejército (The New Model Army) para enfrentarse al monarca, ejército dirigido por Oliver Cromwell y Sir Thomas Fairfax. Por último se trataba de un parlamento con una fortísima representación de la corriente religiosa protestante conocida con el nombre de puritanismo, que chocaba fuertemente con las creencias y el modo de vida del monarca y su odiada esposa Enriqueta María, de gustos lujosos y (lo que era peor) francesa y católica.

No es objeto de esta entrada narrar en detalle los avatares de las guerras civiles, sino centrarnos en lo ocurrido una vez que las mismas concluyeron con la derrota y detención de Carlos I. Luchar en el campo de batalla contra un ejército real era una cosa; decidir qué hacer con el monarca derrotado era otra muy diferente. Las complicaciones jurídicas, políticas, morales y sociales de someter a juicio a una figura que para muchos ciudadanos seguía siendo poco menos que sagrada y, sobre todo, la decisión sobre qué pena imponer al rey si era considerado culpable eran notables.

Estos problemas se pusieron de manifiesto de inmediato cuando el Parlamento decidió someter a juicio al rey y nombró a diversas personalidades de la vida política inglesa (parlamentarios, abogados, oficiales del ejército y notables comerciantes) para que actuaran como jueces. Cuando fueron convocados a una reunión preliminar en Westminster para fijar los detalles procedimentales, más de las dos terceras partes de los designados no comparecieron; solo 53 de los 153 hombres citados se presentaron en Westminster.

Tras designar a las dos personas que actuarían como secretarios para levantar acta de las sesiones del juicio (Andrew Broughton y John Phelps) se pasó a realizar un nombramiento mucho más complicado y espinoso: el de los letrados que ejercerían como acusación y que se encargarían de redactar los cargos contra el rey. Nuevamente, de los cuatro hombres designados solo dos se presentaron y aceptaron su designación. El primero de ellos era un holandés llamado Isaac Dorislaus (ver la entrada dedicada a él en el blog) y el segundo un joven abogado llamado John Cook, que tras hacerse un nombre en Irlanda había medrado como abogado reformista en los tribunales londinenses. A ellos correspondería la ardua tarea de argumentar jurídicamente y presentar los cargos contra Carlos I.

El 10 de enero, fecha fijada para la primera sesión del juicio, el número de jueces presentes se había reducido a 45. Entre las ausencias más notables estaban la del líder del ejército del Parlamento Sir Thomas Fairfax, la del hombre que debería conducir la sesión el Justicia Mayor Lord Oliver St. John y la del que debería sustituirle en su ausencia John Bradshaw. Se acordó designar una comisión que decidiese la forma en que se iba a desarrollar el juicio entre cuyos miembros se volvió a incluir a John Bradshaw, que finalmente aceptó y acudió. Su presencia era fundamental para la causa parlamentaria, porque Bradshaw se había ganado fama como abogado unos años antes defendiendo a uno de los más significativos miembros del Parlamento, El Honesto John Lilburne, en cuyo proceso él y John Cook habían acuñado el argumento del derecho de un acusado a guardar silencio en el juicio contra él.

Tras nombrar uno por uno a los jueces que formarían parte del tribunal Bradshaw requirió la presencia del acusado; Carlos I entró en la sala de juicio vestido completamente de negro y luciendo la enseña de la Orden de la Jarretera, creada por Eduardo III en 1348 para distinguir a los caballeros que destacaban en batalla durante la Guerra de los Cien Años.

Bradshaw informó al rey de que “los Comunes de Inglaterra, reunidos en Parlamento, ante las maldades y calamidades que han asolado a la nación” habían identificado a Carlos I Estuardo como su principal responsable y resuelto someterle a juicio. A continuación John Cook dio lectura a los cargos de alta traición y graves delitos contra el pueblo de Inglaterra y el secretario Andrew Broughton procedió a detallar la acusación.

Este era el punto clave del juicio en el que Dorislaus y Cook habían centrado toda su argumentación (Dorislaus tenía escrita alguna obra al respecto y por eso estaba allí): “que Carlos Estuardo, designado rey de Inglaterra y por ello dotado de un limitado poder para gobernar por y de acuerdo con la ley del pueblo y por esta confianza obligado a usar el poder que le había sido conferido para el beneficio del pueblo y la preservación de sus libertades y derechos había conspirado para otorgarse un ilimitado y tiránico poder para gobernar según sus designios ignorando los derechos y libertades del pueblo”.

A continuación se procedió a dar lectura a las diferentes batallas libradas durante las guerras civiles y se consideró a Carlos culpable de causar la muerte de miles de ciudadanos ingleses y el empobrecimiento y hambruna de la nación. Se calificaba al rey de “tirano, traidor, asesino y enemigo público de la comunidad del reino”.

Bradshaw concedió la palabra al rey para que, como era costumbre, se declarase culpable o no culpable de los cargos leídos contra él. El rey cuestionó que “con qué autoridad legítima se le estaba sometiendo a juicio” y cuando Bradshaw contestó que por la autoridad del pueblo de Inglaterra que le había nombrado rey y ahora le pedía cuentas, el monarca negó dicha autoridad. Alegó que el puesto de rey de Inglaterra era hereditario y no electivo, que él no había sido nombrado rey por el pueblo ni por el Parlamento y que, por tanto, no reconocía la autoridad del tribunal para juzgarle.

Esta alegación del rey, aunque no resultaba inesperada ni sorprendente, creaba un problema jurídico, pues la continuación de los procesos judiciales en Inglaterra requería que el acusado se declarase culpable o no culpable y el rey ni lo había hecho ni lo iba a hacer pues insistía en que el tribunal no tenía autoridad para juzgarle.

Tras suspender el juicio durante dos días para valorar la situación, el mismo fue retomado el 13 de enero. John Cook tomó la palabra y señaló que el rey debía declarar sobre su culpabilidad y que si insistía en no hacerlo se le tendría por confeso y, por tanto, se le declararía culpable. El rey continuó negándose a hacerlo y agarrándose a sus argumentos señalando que lo hacía no por sí mismo sino por el imperio de la ley en el país y en defensa de todos sus súbditos.

El juicio se convirtió así en un diálogo de sordos. Carlos se aferraba a las antiguas leyes de Inglaterra sin querer ser consciente de que se enfrentaba a un Parlamento y a un tribunal que entendían que el pueblo tenía derecho a juzgar y declarar traidor al rey al que habían delegado para aplicar las leyes en su nombre. El 24 de enero se llamó a diferentes testigos (la mayoría soldados) para acreditar los hechos imputados al rey en las batallas y su mala fe en algunas negociaciones de paz con el Parlamento mientras secretamente su hijo reclutaba un ejército para combatirlo.

El tribunal tenía clara su sentencia: el rey fue declarado culpable y condenado a ser decapitado (la ejecución tuvo lugar el 30 de enero de 1649). Sin embargo, un último episodio destacable tuvo lugar cuando llegó la hora de formalizar por escrito la sentencia. No es lo mismo formar parte del tribunal que condenaría a muerte al rey que poner tu nombre, tu firma y tu sello en el documento oficial que reflejaba dicha resolución. Más de un miembro del tribunal se mostró reacio a firmarla, y no les faltaba razón como se demostraría años después … pero esa es otra historia.

Fuente| Don Jordan and Michael Walsh The King´s Revenge.